Dime con quién andas y te diré quién
eres. El segundo gobierno de Tabaré Vásquez decidió acompañar al gobierno de
Nicolás Maduro. Las relaciones con “el hijo de Chávez” las heredó de José
Mujica, su antecesor; y Mujica, que destacó por el apoyo irrestricto a la
administración de Hugo Chávez en tiempos de vacas gordas, llegando al
hermanamiento y la solidaridad automática, heredó a su vez del primer gobierno
de Tabaré Vásquez, las relaciones con el difunto. De tal manera que en ambos
países la amistad gubernamental se han mantenido durante la última década
básicamente porque quienes están en el poder son del mismo círculo.
A pesar de que el actual secretario
general de la OEA, Luís Almagro (ex canciller de Mujica y ex amigo de Maduro), uno
de los uruguayos más influyentes a nivel internacional, desentona con la línea
trazada por el Frente Amplio (coalición de centro-izquierda que llevó a Vásquez
y a Mujica a la presidencia) convirtiéndose sorpresivamente en un fuerte
crítico a las violaciones de los derechos humanos y al abuso de poder del
“primer presidente chavista”, la administración del Dr. Vásquez ha seguido
sosteniendo acuerdos en lo económico y en lo político con Venezuela… hasta que
sonó una alarma.
El gobierno de Venezuela adeuda
desde el año pasado $95 millones a empresas lácteas del Uruguay. Las
principales corporaciones que han sido afectadas son las siguientes: Conaprole,
Pili, Claldy y Calcar. Ricardo de Aguirre, presidente del Instituto Nacional de
la Leche, afirmó hace un par de días que “si no se cobra el dinero, estamos en
quiebra todos”. Los productores de leche protestaron enérgicamente exigiendo al
gobierno de Vásquez que exigiera a Venezuela el pago de lo pendiente, toda vez
que existe un acuerdo bilateral firmado en julio de 2015 en el que Uruguay se
comprometía a cancelar su deuda por concepto de petróleo (a precio
preferencial) y Venezuela compraría $300 millones en alimentos. Vale destacar
que el 70% de estos productores de leche son empresas familiares. Decía de
Aguirre: “nosotros no estamos aquí (reclamando) por negocio, estamos porque (la
producción lechera) es nuestra forma de vida”. A diferencia de Venezuela, país
en el que conseguir un kilo de leche en polvo se ha convertido en una proeza
titánica, en Uruguay el consumo de lácteos es amplísimo: anualmente se consumen
250 litros por persona.
Pues bien, atendiendo el llamado y
las presiones de Vásquez (y quizá del camarada Mujica), Maduro pagó $50
millones de lo adeudado con las lecheras. No obstante, se desconocen detalles
sobre el cumplimiento del restante y, algo sumamente delicado y poco
publicitado, es que Venezuela debe cancelar además $75 millones a empresas
uruguayas como Fármaco Uruguaya, Laboratorios Lima, pinturas Promac e Inca, Funsa y Urutransfor con la que se
firmó un acuerdo de cooperación en mayo de 2013 en un encuentro en Montevideo
encabezado por Maduro, Mujica, Almagro y Elías Jaua, para el suministro de transformadores
eléctricos al Metro de Caracas.
Siempre se creyó que la petrochequera
venezolana nunca se agotaría. Ahora, los productores pagan las consecuencias.
La “mala leche” del Uruguay es juntarse a un gobierno autocrático, que no
respeta los DDHH y que no tiene idea del manejo económico. Si el pueblo
venezolano está sufriendo en colas producto de la escasez, las expropiaciones,
las mafias y el desmantelamiento del aparato productivo nacional, cosa
ampliamente conocida en el Uruguay, ¿por qué Vásquez persiste en hacer negocios
con Maduro? Las tajadas son jugosas, claro está. En los acuerdos, por ejemplo,
se tasa el kilo de queso en $5,30 cuando en otros mercados más serios y
responsables lo pagan en $2. Grandes ganancias y comisiones que ahora no se
verán porque la deuda se traga todo y quienes sufren son los de abajo.
Ángel Arellano
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