Partamos de la siguiente
premisa: ni al gobierno de Chávez ni al de Maduro le ha interesado, le interesa
o le interesará la inseguridad ciudadana. Nunca. Ellos lo reconocen tácitamente.
Veinticinco planes de seguridad han sido impulsados desde que llegaron al poder
en 1999 y ninguno ha dado resultados eficientes. Cada uno estuvo acompañado de
la misma plegaria demagógica: “Ahora sí vamos con todo contra el hampa”, “Llegó
el momento de acabar con la delincuencia”, “Con el ‘Patria Segura’ sí tendremos
barrios tranquilos”. Un castillo de naipes.
Hace exactamente un mes, el 13 de
julio, el chavismo anunció con bombos y platillos, y con muertos y disparos, el
nuevo plan de seguridad para, “ahora sí”, acabar con la delincuencia: Operación
para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP). “Liberarlo” y “protegerlo” de
la violencia. ¿Cómo? Con más violencia, intentando captar la simpatía de los
que están “a monte” por culpa de la delincuencia. “¡Plomo parejo!”. Artimaña
electoral. Por naturaleza al gobierno le interesa el conflicto, no la paz. Desde
hace más de tres lustros los derechos humanos valen lo mismo que las balas que
han asesinado a más de 300 mil compatriotas en las calles.
Como la propaganda da para todo
cuando se tiene el control para coaccionar a medios de comunicación
independientes cerrando emisoras y canales de televisión, persiguiendo
tuiteros, periodistas y páginas web a la par de la consolidación de una
plataforma mediática estatal sin límites, al gobierno no le cuesta mucho poner
de moda nuevos términos. Es así como los revendedores, especuladores,
acaparadores y buhoneros, calificativos históricos incluso en la Revolución,
pasaron a ser “bachaqueros”. De la misma forma se insertó en la agenda pública
la sigla OLP. Ahora cualquier frase emitida por la nomenclatura chavista pasa
por aderezarla con esas tres letras.
Paradójico que en el país con más
homicidios per cápita en toda América sea
tema de discusión el nuevo programa de seguridad que tiene más de reality show sangriento
que de programa, un espectáculo en el que contingentes de militares y policías invaden
los barrios más peligrosos para “liberar” por unos minutos al pueblo de sus
verdugos que a la sazón están pagados por la derecha, la oposición, Estados Unidos…
Por unos minutos. No se ha detectado un descenso en el índice de violencia luego
de las sacudidas que se llevan por el medio a culpables, sospechosos e
inocentes. ¿Será casualidad que ningún “pran” relevante ha caído tras alguna de
las OLP practicadas?
De acuerdo con cifras oficiales se
han realizado 21 operativos de las OLP en 12 estados. La intervención de 17 mil
efectivos ha dejado un saldo de 931 detenidos y 52 muertos. Han decomisado 1017
armas y 2094 municiones, menos de lo que se encuentra en cualquier centro
penitenciario del país. 27 funcionarios fueron necesarios para realizar una
detención, 221 para decomisar un arma, 154 para rescatar un vehículo, 307 para
una moto, y 60 para recuperar uno de los 356 apartamentos de Misión Vivienda
dentro de las “Zonas de Paz” (hay docenas de denuncias por desalojos
injustificados).
Existe una desproporción evidente en
las OLP. Una “cayapa” para capturar a un delincuente. No actúan fiscales, defensores
ni garantes de los Derechos Humanos. Y se preguntará alguien ¿para qué DDHH si
están matando malandros? La fuerza, cuando se desborda, arremete contra todo lo
que está a su paso. Van muchas denuncias por abusos contra inocentes… y las que
faltan. Como me dijo mi amigo Max Guerra, es como meter a un elefante en una
cristalería.
Ángel Arellano
