La tragedia de Guasdualito

          Veinte mil personas están damnificadas en este momento. Veinte mil. Una cifra enorme. Escandalosa. Quienes sufren esta condición son habitantes del Municipio José Antonio Páez del estado Apure. Guasdualito, su capital, ha sido escenario de una batalla campal entre el oficialismo y la combativa alcaldesa de la oposición, Lumay Barreto. El gobierno de Nicolás Maduro intenta por todos los mecanismos, privilegiando la violencia y la agresión física como estrategia de coacción, desalojar a la disidencia de esta alcaldía. Hace menos de un mes Barreto se trasladó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para denunciar su destitución ilegal por parte del Concejo Municipal chavista.

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            Un par de semanas de torrentosas lluvias ha inundado todo el pueblo. Guasdualito muestra su peor rostro. El agua turbia llega a la mitad de las casas. En ocasiones puede rosar el techo de las viviendas. Veinte mil almas han salido espantadas de sus hogares por el arrebato de la naturaleza. No hay electricidad, ni teléfono, ni agua potable, ni sitios para resguardo. Las carreteras que conectan esta zona de Apure con Barinas y Táchira están a punto de ceder. Varios kilómetros de vía se encuentran bajo el agua.

El río Arauca se ha impuesto en todo el territorio.

            La tragedia de Guasdualito, así como la de todos los pueblos, caseríos, ciudades y grandes metrópolis de Venezuela, es no contar con planes de contingencia ni con un aparato logístico que activar en momento de emergencias tan graves. Rezan, se persignan, piden a Dios y salen a la calle a ayudar, a sacar gente de sus casas, a perseguir algún ruido lejano para rescatar un niño, un hombre o una mujer en desgracia. Guasdualito es tierra caliente de la frontera, del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. Ahí la seguridad es decretada por el rifle. La ley del monte. Pero ese control irregular no se ha manifestado en medio del aguacero. Ha tocado a la alcaldía, con sus precarios y ajustados recursos y capacidades, bregar para impulsar las labores de rescate, reubicación y apoyo a tantas familias desalojadas.

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            Los militares que llegaron a Guasdualito para incorporarse al operativo de evacuación de los afectados, fueron en procura de algún dinero extra. Una orden los hizo abandonar sus posiciones tradicionales de “matraqueo” para enviarlos a esta eventualidad antipática que pocos han querido atender, pues, a todas estas, el Ejecutivo Nacional no ha querido decretar el estado de emergencia en Apure y el Ministro de Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, oriundo del vecino estado Barinas, informó a la prensa que lo sucedido es en ocasión de una falla en una alcantarilla. Esto no está ocurriendo, o por lo menos no en la cúpula roja. La orden de Miraflores ha sido censurar a emisoras y televisoras que puedan tener algún tipo de transmisión en directo o diferido. Vaya usted a saber cuántos chavistas están damnificados en Guasdualito enterándose de que su gobierno los ha dejado solos.

            Otra tragedia, más coyuntural y poco común en la norma, ha sido el accionar de estos militares. Las pocas provisiones en alimentos y productos de primera necesidad enviados para los afectados por las inundaciones en Guasdualito son vendidas por los funcionarios de las Fuerzas Armadas. 700 bolívares cuesta una bolsa de comida para cada cristiano. En cuestión de minutos los soldados organizaron una eficiente red de venta en la que los desgraciados ciudadanos del pueblo no pueden participar por falta de recursos. Los bancos están bajo el agua. El dinero escondido en el escaparate, el colchón o la vasija de arcilla, también ha perecido tras el golpe del Arauca.

Cuando la ciudadanía creyó que nada más podía sorprenderlos después de la desventura del diluvio, llegaron los hombres de verde, los guardianes del pueblo, a demostrar que siempre podemos estar peor.

Ángel Arellano