Iniciando la calurosa tarde
del viernes 10 de mayo del corriente, el juez Francisco Cabrera, máximo en el
Tribunal III de Juicio de Anzoátegui, sentencia el caso de la tragedia del gas
cloro en Clarines. Ha sido un hecho que estremeció a Venezuela el 16 de
septiembre de 2009. Tres años y ocho meses después, la justicia venezolana
aterriza en la pista del infortunio. Aún las víctimas no han visto cerrar sus
heridas.
Responsabilidad penal y
administrativa. La sentencia fue de 10 años, 1 mes y 7 días; así como 2615
Unidades Tributarias. Con esta factura se pretende hacer justicia, resarcir el
dolor y concluir este episodio. Poder Judicial y Ejecutivo lavan sus manos e
imputan al señor Iván Espina, conductor del camión que trasladaba esa noche
trágica 17 cilindros de 500kg de gas cloro, manteniéndolo en la Policía
Municipal de Peñalver. No hay otro sitio de reclusión porque las cárceles están
abarrotadas.
Iván Espina fue el chofer,
pero las empresas quedaron liberadas de lamentos y culpas. Contra el paredón
quedó el jinete, más no el dueño de la hacienda ni quien arreaba el rebaño. Hubo
otro camión, la colisión fue compartida. Una gandola excedida en su carga de
láminas de acero de dos pulgadas rasgó los cilindros de gas cloro. Al volante
iba Ricardo Jesús Romero. Se encuentra en libertad, absuelto de toda
investigación. Del castigo divino no se salvará, pero del de estos ramplones
usureros de la justicia sí.
1460 días antes de este
texto, 14 ciudadanos venezolanos fallecían en Clarines. Unos ipso facto, otros horas
después. La neblina tóxica que cayó sobre la capital del municipio Bruzual se
llevó la vida de inocentes que vieron cesar su respiración hasta la última
bocanada de aire en este planeta. Otras 86 personas suspiran entre lamentos su
precaria situación de salud y los continuos chequeos médicos, pues las secuelas
de un gas tan venenoso, no perdona ni olvida hacer daño en los órganos más
importantes.
Tiempo después, como es
costumbre en esta fecha, denunciamos el patético estado del sistema de salud en
el oeste de la región anzoatiguense, el olvido a las guillotinas hechas
carreteras y el escaso cumplimiento de las normas de tránsito en el país con
más alcabalas corruptas y puntos de control inoperantes por kilómetro cuadrado
del mundo.
El Hospital Tipo 1 de
Clarines, orgullosamente llamado “Dr. Antonio José Rondón Lugo” en honor a un
ilustrado médico patrimonio viviente de la localidad, da vergüenza, estupor. Monumento
a la desidia. Es el único centro asistencial del municipio más extenso del lado
izquierdo de nuestro estado y se cae a pedazos.
Una buena amiga con unos
cuantos años de servicio en Saludanz me narraba su experiencia en recientes
giras por Anzoátegui visitando ambulatorios rurales y urbanos: “No hay gasas,
algodón ni jeringas. Olvídate de las medicinas fundamentales. El paciente debe
comprar todo y en la gran mayoría se atiende a la gente en el piso, mesas o
camas dañadas porque camillas tampoco hay”.
La justicia seguirá
tardando. Cuatro años después quienes vivimos esa dolorosa experiencia no hemos
resarcido la histórica deuda de ser también protagonistas en la ejecución de
las reivindicaciones exigidas por ese pueblo que aclama cambios en salud,
vialidad y seguridad: un solo detenido no es justicia. Muchos cabos sueltos y
lágrimas sin secar. Clarines adolece salir sólo en la primera página de los
diarios por sus acontecimientos más dolorosos.
Por ahora la maña se
interpuso. Desde el primer momento en el trabajo periodístico de hacer
seguimiento detallado al devenir de este hecho, nos hemos mantenido inconformes.
Saldaremos las cuentas a las nuevas facturas, hay mucha trocha futura que
caminar.
Texto en memoria de Manuel
Chávez Ayala, Weiber Castellano, Aura Arismendi de Macías, María Esther
Martínez, Elis Rafael Canelón, Freddy Ramón Sojo, José Daniel Ávila, Freddy
José Morales, José Plascencia, Armando José Medina, Ronald Piñango Méndez,
Miguel Ángel Sotillo, Iberay Villalobos y doña Justa de Achique.
Ángel
Arellano
Email: asearellano@yahoo.es
Twitter: @angelarellano
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