Cuatro años del gas cloro

Iniciando la calurosa tarde del viernes 10 de mayo del corriente, el juez Francisco Cabrera, máximo en el Tribunal III de Juicio de Anzoátegui, sentencia el caso de la tragedia del gas cloro en Clarines. Ha sido un hecho que estremeció a Venezuela el 16 de septiembre de 2009. Tres años y ocho meses después, la justicia venezolana aterriza en la pista del infortunio. Aún las víctimas no han visto cerrar sus heridas.

Responsabilidad penal y administrativa. La sentencia fue de 10 años, 1 mes y 7 días; así como 2615 Unidades Tributarias. Con esta factura se pretende hacer justicia, resarcir el dolor y concluir este episodio. Poder Judicial y Ejecutivo lavan sus manos e imputan al señor Iván Espina, conductor del camión que trasladaba esa noche trágica 17 cilindros de 500kg de gas cloro, manteniéndolo en la Policía Municipal de Peñalver. No hay otro sitio de reclusión porque las cárceles están abarrotadas.

Iván Espina fue el chofer, pero las empresas quedaron liberadas de lamentos y culpas. Contra el paredón quedó el jinete, más no el dueño de la hacienda ni quien arreaba el rebaño. Hubo otro camión, la colisión fue compartida. Una gandola excedida en su carga de láminas de acero de dos pulgadas rasgó los cilindros de gas cloro. Al volante iba Ricardo Jesús Romero. Se encuentra en libertad, absuelto de toda investigación. Del castigo divino no se salvará, pero del de estos ramplones usureros de la justicia sí.

1460 días antes de este texto, 14 ciudadanos venezolanos fallecían en Clarines. Unos ipso facto, otros horas después. La neblina tóxica que cayó sobre la capital del municipio Bruzual se llevó la vida de inocentes que vieron cesar su respiración hasta la última bocanada de aire en este planeta. Otras 86 personas suspiran entre lamentos su precaria situación de salud y los continuos chequeos médicos, pues las secuelas de un gas tan venenoso, no perdona ni olvida hacer daño en los órganos más importantes.

Tiempo después, como es costumbre en esta fecha, denunciamos el patético estado del sistema de salud en el oeste de la región anzoatiguense, el olvido a las guillotinas hechas carreteras y el escaso cumplimiento de las normas de tránsito en el país con más alcabalas corruptas y puntos de control inoperantes por kilómetro cuadrado del mundo.

El Hospital Tipo 1 de Clarines, orgullosamente llamado “Dr. Antonio José Rondón Lugo” en honor a un ilustrado médico patrimonio viviente de la localidad, da vergüenza, estupor. Monumento a la desidia. Es el único centro asistencial del municipio más extenso del lado izquierdo de nuestro estado y se cae a pedazos.

Una buena amiga con unos cuantos años de servicio en Saludanz me narraba su experiencia en recientes giras por Anzoátegui visitando ambulatorios rurales y urbanos: “No hay gasas, algodón ni jeringas. Olvídate de las medicinas fundamentales. El paciente debe comprar todo y en la gran mayoría se atiende a la gente en el piso, mesas o camas dañadas porque camillas tampoco hay”.

La justicia seguirá tardando. Cuatro años después quienes vivimos esa dolorosa experiencia no hemos resarcido la histórica deuda de ser también protagonistas en la ejecución de las reivindicaciones exigidas por ese pueblo que aclama cambios en salud, vialidad y seguridad: un solo detenido no es justicia. Muchos cabos sueltos y lágrimas sin secar. Clarines adolece salir sólo en la primera página de los diarios por sus acontecimientos más dolorosos.

Por ahora la maña se interpuso. Desde el primer momento en el trabajo periodístico de hacer seguimiento detallado al devenir de este hecho, nos hemos mantenido inconformes. Saldaremos las cuentas a las nuevas facturas, hay mucha trocha futura que caminar.

Texto en memoria de Manuel Chávez Ayala, Weiber Castellano, Aura Arismendi de Macías, María Esther Martínez, Elis Rafael Canelón, Freddy Ramón Sojo, José Daniel Ávila, Freddy José Morales, José Plascencia, Armando José Medina, Ronald Piñango Méndez, Miguel Ángel Sotillo, Iberay Villalobos y doña Justa de Achique.

Ángel Arellano

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