Crisis política en Brasil y sus efectos en América

 

         La crisis política en Brasil tiene un gran impacto en toda la región. Es un espectáculo, sí; es lamentable, también; y es el reflejo de una cultura política, de una forma de hacer las cosas. No obstante, el que la justicia brasilera haya decidido avanzar vigorosamente en una investigación que ha puesto tras las rejas a docenas de empresarios y dirigentes políticos por casos de corrupción que lesionan gravemente las finanzas públicas, requiere, por decir lo menos, el apoyo de la sociedad latinoamericana que mira expectante cómo los referentes de lo que en un momento fue la ola progresista, terminan salpicados, divididos y con un gigante rechazo popular, producto de su mal manejo de los recursos públicos y del abuso de poder para financiar campañas electorales y garantizar su permanencia en el gobierno.

            “En Brasil es así: cuando un pobre roba va a la cárcel, pero cuando un rico roba se hace ministro”, dijo en 1988 el entonces diputado federal Lula da Silva, quien 27 años después, en una maniobra para salvarlo del proceso judicial que se le adelantaba por corrupción, terminó nombrado como Jefe de Gabinete de su sucesora, Dilma Rousseff.

            El caso Petrobras-Partido de los Trabajadores-Empresarios-Da Silva-Rousseff, ha tenido altos y bajos, y ha generado una intensa polémica seguida con atención por buena parte de la sociedad global, con mucho énfasis, como corresponde, en América. En su desarrollo, se han visto eventos propios del espectáculo circense, como la aprensión a Lula para comparecer ante el juzgado o la votación de los diputados del Congreso para aprobar el juicio político. Errores, me atrevo a decir, propios de una clase dirigente (en todos los poderes) que a la hora de elegir entre la política serena y sesuda, y el show televisivo, decantó por esto último, dando paso, incluso, a la victimización de los victimarios.

            Se ha hablado en abundancia sobre el juicio político (“impeachment”) a Rousseff, y, como es de esperarse, los aliados “progresistas” ha dicho que es una causa meramente política sin sustento, un “golpe de Estado”. ¿Y qué es un juicio político sino una acusación política? Es un procedimiento, constitucional, en el que las cámaras del Congreso establecen la responsabilidad de los funcionarios del Estado ante un acto u omisión de éstos en perjuicio del interés público. ¿Acaso un Presidente no tiene responsabilidad ante el maquillaje de la deuda pública, postergar transferencias a estados y municipios, y tomar préstamos de bancos estatales para demostrar “orden” presupuestario durante su campaña para la reelección?

            Nuevamente esta “izquierda” plantea la dicotomía absurda con la que evalúa todas las acciones políticas: si somos nosotros, el “progresismo”, quien apoya tal medida o acción, aun cuando se violen los derechos humanos, se incurra en ilegalidades o se intenten encubrir escándalos de corrupción, es bueno; y cuando es otro actor, es malo. No caben matices ni medias tintas. Es la lucha del bien contra el mal en los términos de una clase política que recoge las cenizas de una batalla ideológica obsoleta y vacía ante los retos del mundo en la actualidad como el avance de la tecnología y el Internet en cada átomo de la vida humana, el deterioro ambiental y el desarrollo sustentable.

Cualquier cosa viene bien para hablar de lo que no hay que hablar: la izquierda, mayoritariamente pseudo izquierda, fracasó en su intento de cambiar el mundo e imponer proyectos de gobierno luego de que sus modelos de gestión comenzaran a hacer ascuas pasado el boom de las materias primas en la década anterior y que los escándalos de corrupción socavaran su base electoral.

            Al corte de hoy, los latinoamericanos tenemos que preocuparnos mucho más por el legado de gobiernos progresistas como el de Brasil que impactan duramente a la región, y por la demostración incivilizada del show de esta clase política que intenta ocultar su retirada, que por el descalabro de una presidenta.

Ángel Arellano