Los rumores
son incorporados al debate público desde la inmensa plataforma mediática que dirige
el Estado. Atienden a una agenda que ha logrado, con cierta efectividad,
desviar la atención de la ciudadanía hacia temas más banales, deformes e
insustentables.
En minutos,
se regó en el polvorín de nuestros escándalos, la idea de que existía una nueva
campaña contra la nación. Esta, ya no trata de presuntos acontecimientos
bélicos, magnicidios o papas calientes con el empresariado productor, ahora, se
habló del secuestro de niños. Sí. Una ciudadana desconocida hizo una denuncia
pública sobre el pánico que se está sembrando en el país con el reiterado
secuestro de infantes. Aunque esta práctica no es novedosa, pues la
delincuencia ha desarrollado con holgura todas las técnicas de extorsión operando
con la total complacencia de las autoridades
colaboradoras, copó la posición principal del aparato comunicacional estatal en
un día; sumemos a esto, los apéndices privados en radio, televisión, prensa
escrita e Internet, que han dejado de informar desde hace unos años para
reproducir íntegramente las transmisiones del gobierno a los fines de proteger
concesiones de funcionamiento que se reparten bajo regulaciones políticas,
afectos y hasta amenazas preestablecidas.
El rumor
sobre el secuestro de niños es algo así como una versión tecnificada de
aquellos paramilitares encontrados por el gobierno con artillería pesada y una
apreciable cantidad de efectivo en un hotel de mala muerte, una escena teatral que
también se evaporó porque le siguieron otros mejores que captaron más atención
y aturdieron más al espectador.
En menos de
un día todo el Poder Moral y Judicial se pronunció en función de lo que la
Fiscal General llamó una nueva “campaña nacional e internacional” para
desestabilizar nuestro estable país. De inmediato se le agregó el móvil
político. Una motivación, que según los accionistas del régimen, configura un “hecho
despreciable” porque impulsa un quebranto a la sólida paz nacional.
La retórica instantánea
imputó culpas, que con el pasar de los días irán ganado nombres y apellidos
dentro de la oposición: centro del estímulo a todos los males de la Patria de
Bolívar. La Fiscal introdujo la pregunta esperada: “¿Qué mente tan perturbada
anda detrás de estos planes para afectar a la población?”. Al coro se sumó el
Defensor, Magistrados, Diputados y la horda partidista. Para complementar la
respuesta, se resolvió declarar a los medios que la ciudadana en cuestión había
recibido dinero por parte de algunos individuos, también desconocidos, para ejecutar
la labor de alarmar en tiempo récord a todo el Estado venezolano. Los voceros
oficiales salieron, con la uniformidad acostumbrada, a decir que los rumores de
secuestros de niños eran falsos, que el gobierno garantiza la seguridad de
nuestros niños y que quienes atentan contra la paz y la estabilidad nacional
son los opositores, los mismos culpables de las colas, de la guerra contra
Estados Unidos, de la caída de los precios del petróleo y pare usted de contar.
No son pocos
los elementos que han usado para distraer la atención de la crisis económica.
El conflicto contra el imperialismo, incoherente pues seguimos dependiendo hoy
más que nunca de los ingresos del petróleo colocado en la tierra de Obama, es
el núcleo de la campaña por las elecciones parlamentarias que tiene como
objetivo estratégico una meta poco lograda en momentos anteriores: legitimar el
gobierno de Maduro ante los patéticos números de aceptación y popularidad que
tiene a su administración al borde del precipicio. A esta matriz de la guerra le
seguirán sumando rumores, campañas, movilizaciones inesperadas, noticias
sorpresa. Todas estas actividades son parte de la agenda cuidadosa que traza la
sala situacional del gobierno para ocupar a los opinadores de oficio y a los
medios de comunicación perseguidos, en la difusión de lo que el Estado quiere
que la gente escuche y por ende lo que quiere que el venezolano discuta en las
plazas públicas, espacios de discusión y colas diarias.
Ángel Arellano
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