«Sacando cuentas»
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| Parte del techo del Palacio Federal Legislativo se quebró y cayó al piso |
Se desprende un pedazo de la pared del Hemiciclo de
Sesiones de la Asamblea Nacional un martes 27 de enero, justo el primer día de
sesión ordinaria de esta agenda legislativa que no termina de arrancar
culminado el primer mes del año. La prensa expectante debe conformarse con un
par de fotografías que suben a las redes sociales algunos atrevidos. Desde hace
años, por mandato del régimen, no tienen acceso al Hemiciclo y deben
conformarse con ver la sesión y los actos protocolares desde una habitación del
viejo edificio transformada en sala de exhibición a los comunicadores sociales.
El trozo de concreto que cayó en las escaleras de la
tribuna de oradores del Parlamento es testigo del deterioro del patrimonio
nacional. No hay cuidado, no hay mantenimiento, no hay protección. El “Legado”
del difunto es permisivo con el deterioro de todo aquello que nos ha dado identidad
nacional. También, con aquel pedazo de pared cae un escándalo, la noticia
rimbombante, y alarmante para nuestra tragedia, de que el Capitán-Presidente de
la AN está siendo inmiscuido por su ex escolta en graves casos de narcotráfico.
Salazar, ese es el apellido del militar que pertenecía al círculo del
Capitán-Presidente, estuvo en el equipo de seguridad del difunto. Abundan
fuentes, testimonios y documentos que lo prueban. Se configura un nuevo
bullicio, de magnitudes galácticas, sobre la participación del
Capitán-Presidente en carteles traficantes de droga tan grandes como su fama de
instigador y represor.
Hay muchas fotos de Salazar. Ya no es el par de
imágenes que se colaron sobre el desmoronamiento del Hemiciclo. Esta vez son
docenas, cientos, miles de fotografías circulando en Internet en las que
aparece el soplón muy cerca de su antiguo jefe.
El Capitán-Presidente actúa ante el desprestigio que
su nombre refiere a la humanidad. El mundo habla de este caso bochornoso. Los
círculos oficiales del más alto nivel político se tambalean dando declaraciones
incoherentes en un intento por salvar el buen nombre del segundo a bordo de la
Revolución. El Capitán-Presidente ha acaparado la participación del alto
gobierno en escándalos por lavado de dinero y narcotráfico. En orden de
aparición: primero el caso de la maleta con $800 mil que transportaba Antonini
Wilson a Argentina, Walid Makled y la exportación de droga desde Carabobo, las
delicadas declaraciones del ex magistrado del TSJ Eladio Aponte Aponte y la
situación con “El Pollo” Hugo Carvajal retenido en Aruba por asociación con el narcotráfico,
para dar paso a Salazar, su acusación más despampanante.
El régimen, en uso de sus atribuciones autoritarias,
violadoras de cualquier derecho humano y de la garantía más absurda que
refrendan las leyes de la civilización, decreta una autorización a las Fuerzas
Armadas para usar “armas potencialmente mortales” contra manifestantes. La
finalidad, obvia, es desviar la atención del nuevo tropiezo del
Capitán-Presidente. A la par, éste insulta, discrimina y aprieta el látigo con
el que azota a medios de comunicación, empresarios, dirigentes de oposición y
grupos no afines. Fustigará a todos los periódicos, emisoras de radio,
televisoras y páginas web que osen informar algo respecto a su expediente
internacional. El nuevo decreto es una suerte de escudo y su objeto es orientar
el debate público hacia algo que no tiene punto de discusión con el inestable
régimen: el derecho a existir y a disentir.
Ángel Arellano
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