Cuando se sometió a discusión en la OEA el tema de
la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, cinco países votaron a favor
de Venezuela y 17 a favor de Colombia, pero esto no fue suficiente para
convocar una reunión de cancilleres con la finalidad de atender con urgencia la
crisis fronteriza que ha producido el gobierno de Maduro dejando como
consecuencia una estampida de más de 12 mil habitantes de la línea limítrofe
entre el estado Táchira y el departamento del Norte de Santander neogranadino.
La crisis se encuentra focalizada en un pequeño fragmento de la frontera, el
más activo comercialmente, pues el resto de la línea, que colinda con Brasil y
Guyana, adolece de vigilancia y atención.
En la reunión continental, Panamá y Brasil abstuvieron
su voto. El primero para no afectar las gestiones de cobranzas de una cuantiosa
deuda que tiene el Estado venezolano con el empresariado privado del país
centroamericano, y el segundo, el gigante del sur, no desea generar sobresalto
en sus relaciones económicas con ambas naciones. El comercio siempre va
primero, lo humanitario puede esperar.
Recordemos que Colombia votó en
contra de la oposición venezolana en la OEA el año pasado cuando Panamá cedió
su puesto para que la diputada María Corina Machado tuviera un derecho de
palabra. Este hecho produjo la expulsión de Machado de la Asamblea Nacional. El
gobierno colombiano ha consentido los actos arbitrarios del régimen de Maduro
para no obstaculizar las negociaciones de paz con las FARC que se desarrollan
en Cuba, toda vez que el Estado venezolano es el principal socio de la isla
comunista y de los cuerpos terroristas que intentan un acuerdo beneficioso para
su incorporación a la vida política lícita en el vecino país.
En esta reedición de la crisis fronteriza con
Colombia no hemos escuchado a nadie del gobierno chavista hablar de “guerrilla”
ni de “narcotráfico”. Son términos ajenos a la discusión. La administración de
Nicolás Maduro, en un nuevo intento por calentar el clima político de cara a
las elecciones parlamentarias y evitar referirse a la crisis económica que
atraviesa Venezuela, ha dedicado todo su esfuerzo a posicionar el “contrabando”
como la actividad por excelencia que ha generado la escasez, y a los
“paramilitares”, socios de Uribe, de Obama y de los sectores opositores, como
operarios y protagonistas de esta acción delictiva.
Ni una sola palabra se ha dicho
sobre los municipios fronterizos del estado Apure que son controlados por la
guerrilla, ni de las mafias del oro y la extracción de otros minerales en el
estado Amazonas, el estado Bolívar y el territorio Esequibo. La atención no
está puesta en el problema, sino en el espectáculo: miles de familias cruzando
el río Táchira con algunos enseres a cuestas huyendo de la demolición masiva de
ranchos y casas, crónicas de lamentos que huelen a pobreza y a olvido de
grandes barriadas que fueron ceduladas por Chávez para que votaran por la
Revolución y ahora han sido echadas como perros sarnosos. El cólera que esta
acción violatoria de los derechos humanos (aun cuando la OEA y la ONU se han
tapado los ojos) ha producido en la hermana Colombia, es monumental. Sin
embargo, con la presión que Venezuela puede generar a través de las FARC en la
mesa de negociación, y entendiendo que para el gobierno de Santos la prioridad
es lograr la paz, todo esto pasará como otra travesura de Miraflores.
Veremos pues en las próximas
semanas algunos acuerdos entre ambos gobiernos y poco a poco se irán
estabilizando las relaciones con ciertas “condiciones” que tendrán más de
tratados retóricos que de tareas por cumplir. El chavismo juega el ajedrez en
la frontera y toda la opinión pública lo sigue. Ante la falta de petróleo y
recursos, el gobierno ha buscado otros mecanismos para ganar la atención
absoluta. Hunden la aguja en la carne pero en la otra mano tienen el dedal.
Ángel Arellano
