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domingo, 20 de septiembre de 2015

Crisis: el libro en Venezuela


         Una de las promesas de la Revolución Bolivariana tras su ascenso al poder fue la promoción de la educación y la lucha sin cuartel en contra del analfabetismo. Para ello se destinaron ingentes recursos a través de diversos programas sociales que sembraron un ambiente de prosperidad entorno a los resultados de proyectos bandera como las misiones Robinson, Rivas y Sucre.
            La administración Chávez acompañó estas iniciativas impulsando el fomento a la lectura y la entrega de libros en escuelas y comunidades. Para tal fin, se promovieron cuantiosos apoyos económicos en nuevas casas editoriales estatales afectas a los intereses de proyecto político chavista y potenciando otras heredadas de la república civil como Monte Ávila Latinoamericana y Biblioteca Ayacucho. A  la par, se fundó la cadena de Librerías Del  Sur, una red de establecimientos que ofrecen al público gran variedad de textos que comulgan con la línea discursiva del oficialismo.
            Esta práctica se mantuvo durante los años de Chávez y el inicio de Nicolás Maduro, aunque en el periodo de éste último, la crisis económica derrumbó cualquier expectativa en la industria editorial, ocasionando el desplome de la publicación de nuevos títulos, disminuyendo la importación de ejemplares e impactando negativamente el acceso al libro producto de la alta inflación registrada actualmente como la más alta del mundo.
            De acuerdo con la última edición del informe “El libro en cifras” del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), publicada en julio de 2015, durante el año 2014 Venezuela editó 3.199 títulos con Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN, por sus siglas en inglés), 11,5% menos que en 2013. En el mismo período de tiempo, la vecina Colombia editó 16.031 títulos, Ecuador produjo 3.855 títulos, Perú 6.172 títulos y Cuba, con apenas 11,3 millones de habitantes y una economía sumamente limitada, editó 4.459 títulos.
            En la relación de exportación e importación de libros, Venezuela presenta números que distan de ser competitivos, pues, aunque las voces del sector editorial nacional han informado que esto ha favorecido al mercado interno influenciado por la coyuntura política, lo que a su vez ha potenciado el consumo de libros de historia, política, sicología, autoayuda, ensayos y periodismo, esta realidad ha distanciado al país del mercado global. Apenas $1.040.000 fueron percibidos por exportaciones de libros en 2014, en contraste con mercados más estables y prósperos como el panameño que recibió $2.537.000 en el mismo año, el argentino con $28.391.000 o el colombiano con $52.232.000. Pareciera que, rodeada por el crecimiento del negocio editorial en la región, Venezuela se sumerge en el sótano.
            Según el Cerlalc, Venezuela importó $21.239.000 en libros durante 2014, 44% de estos títulos dentro de América Latina y  el resto fuera de la región. Es necesario rescatar que los países con mejor perfil económico y mayor adaptación a la globalización (Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay), están importando más títulos fuera de América Latina que dentro de ella, un comportamiento que busca el ingreso de conocimiento de mejor calidad proveniente de otras latitudes.
            Los tiempos en los que el gobierno Hugo Chávez inundaba las librerías estatales con publicaciones a precio de obsequio y las editoriales privadas lanzaban libros con tirajes de miles de ejemplares en virtud del dólar barato que permitía importar papel, tinta y material de impresión, quedaron atrás. Mientras la industria editorial crece en América Latina, Venezuela, el país que durante los años de la república civil fue cuna del vanguardismo literario, con un equipamiento envidiable para la producción y promoción de sus libros, ha quedado en el subsuelo, por decir lo menos.
  
Ángel Arellano

martes, 8 de septiembre de 2015

La frontera y el ajedrez


Cuando se sometió a discusión en la OEA el tema de la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, cinco países votaron a favor de Venezuela y 17 a favor de Colombia, pero esto no fue suficiente para convocar una reunión de cancilleres con la finalidad de atender con urgencia la crisis fronteriza que ha producido el gobierno de Maduro dejando como consecuencia una estampida de más de 12 mil habitantes de la línea limítrofe entre el estado Táchira y el departamento del Norte de Santander neogranadino. La crisis se encuentra focalizada en un pequeño fragmento de la frontera, el más activo comercialmente, pues el resto de la línea, que colinda con Brasil y Guyana, adolece de vigilancia y atención.
En la reunión continental, Panamá y Brasil abstuvieron su voto. El primero para no afectar las gestiones de cobranzas de una cuantiosa deuda que tiene el Estado venezolano con el empresariado privado del país centroamericano, y el segundo, el gigante del sur, no desea generar sobresalto en sus relaciones económicas con ambas naciones. El comercio siempre va primero, lo humanitario puede esperar.
                Recordemos que Colombia votó en contra de la oposición venezolana en la OEA el año pasado cuando Panamá cedió su puesto para que la diputada María Corina Machado tuviera un derecho de palabra. Este hecho produjo la expulsión de Machado de la Asamblea Nacional. El gobierno colombiano ha consentido los actos arbitrarios del régimen de Maduro para no obstaculizar las negociaciones de paz con las FARC que se desarrollan en Cuba, toda vez que el Estado venezolano es el principal socio de la isla comunista y de los cuerpos terroristas que intentan un acuerdo beneficioso para su incorporación a la vida política lícita en el vecino país.
En esta reedición de la crisis fronteriza con Colombia no hemos escuchado a nadie del gobierno chavista hablar de “guerrilla” ni de “narcotráfico”. Son términos ajenos a la discusión. La administración de Nicolás Maduro, en un nuevo intento por calentar el clima político de cara a las elecciones parlamentarias y evitar referirse a la crisis económica que atraviesa Venezuela, ha dedicado todo su esfuerzo a posicionar el “contrabando” como la actividad por excelencia que ha generado la escasez, y a los “paramilitares”, socios de Uribe, de Obama y de los sectores opositores, como operarios y protagonistas de esta acción delictiva.
                Ni una sola palabra se ha dicho sobre los municipios fronterizos del estado Apure que son controlados por la guerrilla, ni de las mafias del oro y la extracción de otros minerales en el estado Amazonas, el estado Bolívar y el territorio Esequibo. La atención no está puesta en el problema, sino en el espectáculo: miles de familias cruzando el río Táchira con algunos enseres a cuestas huyendo de la demolición masiva de ranchos y casas, crónicas de lamentos que huelen a pobreza y a olvido de grandes barriadas que fueron ceduladas por Chávez para que votaran por la Revolución y ahora han sido echadas como perros sarnosos. El cólera que esta acción violatoria de los derechos humanos (aun cuando la OEA y la ONU se han tapado los ojos) ha producido en la hermana Colombia, es monumental. Sin embargo, con la presión que Venezuela puede generar a través de las FARC en la mesa de negociación, y entendiendo que para el gobierno de Santos la prioridad es lograr la paz, todo esto pasará como otra travesura de Miraflores.
                Veremos pues en las próximas semanas algunos acuerdos entre ambos gobiernos y poco a poco se irán estabilizando las relaciones con ciertas “condiciones” que tendrán más de tratados retóricos que de tareas por cumplir. El chavismo juega el ajedrez en la frontera y toda la opinión pública lo sigue. Ante la falta de petróleo y recursos, el gobierno ha buscado otros mecanismos para ganar la atención absoluta. Hunden la aguja en la carne pero en la otra mano tienen el dedal.

Ángel Arellano

domingo, 23 de agosto de 2015

Xenofobia y estado de excepción

 

         Xenofobia: Miedo, hostilidad, rechazo u odio al extranjero, con manifestaciones que van desde el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y asesinatos.
                Cuando Donald Trump, el multimillonario convertido en candidato presidencial, emitió su declaración en contra de la migración de mexicanos a Estados Unidos, Latinoamérica se sacudió en cuestión de segundos. Las figuras más prominentes de la región, en todos los órdenes, condenaron la reacción xenofóbica del magnate.
                Sin embargo, mientras el mundo se ha ocupado sin tregua de crucificar a uno de los hombres más ricos del planeta, al Sur, en Venezuela, la xenofobia tiene un mes practicándose con el silencio de todas las naciones del continente.
                Tras el inicio de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), Nicolás Maduro activó una política comunicacional de condena al “bachaqueo” y al contrabando en el intento de posicionar ambas actividades como las culpables de la escasez generalizada. La línea de Maduro no ha levantado resultados positivos, toda vez que los estudios de opinión, exceptuando los del siempre complaciente Oscar Schemel (Hinterlaces), muestran el rechazo al gobierno en una relación de ocho contra dos.
                Las OLP se han ejecutado con un alto componente xenofóbico. Miraflores le dio un receso  a la controversia teatral con Guyana para direccionar su artillería a la zona limítrofe más caliente del subcontinente.
                La muerte de cuatro funcionarios de la Guardia Nacional fue la cortina utilizada no sólo para bloquear el paso fronterizo con Colombia, sino para accionar un peligroso dispositivo: el estado de excepción. Cinco municipios del estado Táchira son los afectados por este decreto que desmonta la legalidad y permite la arbitrariedad de la fuerza sin regulaciones ni contemplaciones.
                La razia de las OLP en el marco de la “excepción” persigue sembrar miedo y desmotivar al público electoral, al tiempo que incorpora un nuevo “culpable” de la crisis: los colombianos.
                Ciudadano colombiano que sea detenido en la frontera o en sus cercanías es deportado. ¡Sin chistar!
                Recordemos que luego de la OLP en la Cota 905 de Caracas, 32 ciudadanos colombianos fueron detenidos en circunstancias no aclaradas. Igualmente, en Táchira, el gobernador chavista ha encabezado las redadas que culminan con un considerable número de expulsados del país.
                El laboratorio de Twitter del gobierno, a cargo de Jorge Rodríguez, el psiquiatra de la Revolución, posicionó una etiqueta: “#YoApoyoElCierreDeLaFrontera”. A la par, se inundaban las redes sociales con imágenes de supermercados en Cúcuta totalmente abastecidos (como los de Venezuela hace unos cinco años) con frases del siguiente calibre: “En Colombia no hacen colas porque se roban nuestra comida”. Esto fue presentado en televisión por Rodríguez para justificar, con “el respaldo mayoritario” de la atmósfera tuitera, el cierre que colapsa a la región andina y afecta a miles de personas de ambas naciones.
                No impresiona el accionar del gobierno como sí lo hace el silencio de Latinoamérica, incluyendo al propio presidente Santos quien no ha tenido una respuesta acorde a estos operativos xenofóbicos con fines electorales que en cualquier momento se pueden salir del control del chavismo, como suele suceder.
                Alguien en Twitter comentó: “Si Maduro creara campos de exterminio, algunos ‘políticos’ dirían: sólo es un globo de ensayo, un trapo rojo, una distracción”. Incómoda verdad.

Ángel Arellano